Nueva York, 12 de diciembre (EFE) – El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión por delitos de narcotráfico y crimen organizado, ha sido trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a una prisión federal en Oklahoma. Según los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), García Luna ahora se encuentra en el Centro Federal de Transferencia (FTC), una instalación que funciona como punto de tránsito para reclusos federales en Estados Unidos.
El BOP no ha explicado los motivos específicos del traslado, aunque este tipo de movimientos son comunes en el sistema penitenciario federal, especialmente para gestionar la seguridad, el espacio y las necesidades administrativas de los internos. El FTC de Oklahoma, que alberga a más de mil reclusos, es conocido por su papel en facilitar la transferencia de prisioneros a otras instituciones penitenciarias del país.
García Luna, quien permanecía en Brooklyn desde su arresto en 2019, compartía su reclusión con otros presos destacados, como el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el magnate de la música Sean ‘Diddy’ Combs, acusado recientemente en un caso que involucra denuncias de abuso sexual. La prisión de Brooklyn ha sido señalada en múltiples ocasiones por sus duras condiciones, incluyendo hacinamiento y episodios frecuentes de violencia.
Una sentencia histórica
El traslado de García Luna se produce meses después de que fuera sentenciado en Nueva York a 38 años de prisión. El exfuncionario mexicano, de 56 años, fue declarado culpable en febrero de 2023 por un jurado que lo encontró responsable de cinco delitos graves, entre ellos tráfico de cocaína, pertenencia a una empresa criminal y falso testimonio.
El juicio, que se extendió por varias semanas, expuso los vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa, encabezado en su momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según las pruebas presentadas, el exsecretario habría recibido sobornos millonarios a cambio de permitir las operaciones de narcotráfico de este grupo delictivo, lo que le permitió mantener una fachada como principal responsable de la lucha contra el crimen organizado en México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
La sentencia, que fija su liberación para el 8 de agosto de 2052, marca un hito en los casos de corrupción relacionados con el narcotráfico, siendo la condena más alta para un funcionario mexicano de tan alto rango en Estados Unidos.
Del arresto a la condena
García Luna fue arrestado en Dallas, Texas, en diciembre de 2019, tras una investigación conjunta de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia, enfrentando acusaciones que detallan cómo utilizó su posición de poder para proteger al Cártel de Sinaloa, mientras públicamente se presentaba como el arquitecto de la «guerra contra las drogas».
Durante el juicio, varios testigos clave, incluidos antiguos miembros del cártel y funcionarios corruptos, ofrecieron testimonios detallados sobre los sobornos entregados a García Luna. Estos incluyeron pagos en efectivo de millones de dólares, entregados en maletas y cajas, a cambio de garantizar rutas seguras para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Impacto en la política mexicana
El caso de García Luna ha generado un profundo impacto en México, donde su figura simbolizaba la lucha oficial contra el narcotráfico. La revelación de sus nexos con el crimen organizado ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la estrategia de seguridad implementada durante el mandato de Felipe Calderón, así como la transparencia de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
Además, la sentencia ha intensificado las tensiones políticas en México, con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizando el caso para criticar a las administraciones pasadas y subrayar la necesidad de una renovación en las estrategias de seguridad.
Un futuro incierto en prisión
Con su traslado al FTC de Oklahoma, García Luna se encuentra ahora inmerso en el sistema penitenciario federal, que alberga a miles de reclusos vinculados a delitos graves como narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El FTC no es una prisión de máxima seguridad, pero su función como centro de transferencia significa que García Luna podría ser reasignado a otra instalación en el futuro, dependiendo de las necesidades de seguridad o de logística. Aunque permanece bajo custodia en un entorno distinto al de Brooklyn, el exfuncionario enfrenta un futuro marcado por el aislamiento y la incertidumbre que caracteriza el sistema penitenciario estadounidense.
Reflexiones finales
El traslado de Genaro García Luna refuerza la imagen de una caída dramática para quien fuera uno de los hombres más poderosos de México en materia de seguridad pública. Su caso representa un recordatorio del impacto corrosivo de la corrupción en las instituciones públicas, así como de las complejas dinámicas entre el narcotráfico y el poder político.
Mientras tanto, el proceso judicial contra García Luna y las investigaciones en curso sobre otros funcionarios vinculados al narcotráfico seguirán siendo un tema clave tanto en la política interna de México como en su relación con Estados Unidos.
